La política del Antiguo Régimen se definía por la monarquía absoluta. Los monarcas ejercían un poder centralizado, concentrando en sus manos todos los poderes del Estado. El rey gobernaba "por la gracia de Dios", es decir, se consideraba que su poder tenía un origen divino. Esto legitimaba su autoridad y hacía que el monarca no estuviera sujeto a las leyes que imponía. El rey Luis XIV de Francia, conocido como el "Rey Sol", fue uno de los máximos exponentes de este sistema, declarando en una ocasión: "El Estado soy yo". La corte era el epicentro del poder, y los nobles dependían de su cercanía al rey para mantener privilegios y prebendas. A nivel administrativo, las monarquías absolutas crearon una burocracia centralizada que permitía al monarca controlar eficazmente el territorio y recaudar impuestos.

La economía del Antiguo Régimen se basaba en el sector agrícola, con una baja productividad y un sistema de explotación feudal. La tierra era la principal fuente de riqueza y estaba en manos de la nobleza y la Iglesia, quienes la explotaban a través de los campesinos. Estos campesinos, en su mayoría, no poseían tierras y estaban sujetos a diversas cargas y tributos. La producción artesanal y el comercio tenían un papel secundario, aunque en algunas ciudades europeas comenzaron a desarrollarse gremios y manufacturas que marcarían el inicio de la protoindustrialización. El mercantilismo fue la doctrina económica dominante durante este período, impulsada por los gobiernos para acumular riqueza en forma de metales preciosos, principalmente mediante el control del comercio y la colonización. Jean-Baptiste Colbert, ministro de finanzas de Luis XIV, fue uno de los principales defensores de esta política económica.

La sociedad del Antiguo Régimen estaba organizada en estamentos, lo que significaba que las personas pertenecían a uno de los tres grandes grupos sociales: el clero, la nobleza y el tercer estado o pueblo llano. El clero y la nobleza gozaban de privilegios, como la exención de impuestos y el acceso a cargos públicos y beneficios eclesiásticos, mientras que el tercer estado, compuesto por campesinos, burgueses y artesanos, soportaba la carga fiscal. Esta estructura social era extremadamente rígida, lo que hacía casi imposible la movilidad entre estamentos. En el ámbito cultural, el Antiguo Régimen estuvo marcado por el predominio de la religión en la vida cotidiana y en la cultura. La Iglesia no solo controlaba la educación y la moral, sino que también tenía una influencia considerable sobre la política. El arte barroco, con sus exuberantes formas y su enfoque en lo religioso y lo monárquico, fue el estilo predominante durante gran parte de este periodo.

Triunfos patriotas iniciales. Las fuerzas reclutadas por las juntas andaluzas, dirigidas por el general Castaños, vencieron al ejército francés del general Dupont en la batalla de Bailén (julio de 1808), obligando a José I a evacuar Madrid. Destacaron asimismo los encarnizados asedios a Zaragoza (defendida por Palafox y Agustina de Aragón) y Gerona.

Intervención directa de Napoleón al mando de la Grande Armée (250.000 hombres). Tras la derrota patriota en Ocaña (1809), los franceses ocuparon casi la totalidad de la Península, a excepción de Cádiz, Alicante, Cartagena y Tarifa. Ante la imposibilidad de sostener combates de campo abierto, la resistencia se articuló en guerrillas (destacando caudillos como Juan Martín «El Empecinado» y el cura Jerónimo Merino), que desgastaron de forma continua a las tropas de ocupación. Durante 1811-1812 se produjo una gravísima hambruna generalizada.

Ofensiva aliada y expulsión de los franceses. El retiro de tropas napoleónicas para la campaña de Rusia permitió la contraofensiva del ejército combinado hispano-luso-británico comandado por el duque de Wellington (Arthur Wellesley). La victoria en la batalla de los Arapiles (1812) forzó la evacuación de Madrid. Tras la batalla de Vitoria (1813), las tropas francesas iniciaron el repliegue definitivo. En diciembre de 1813, Napoleón firmó el Tratado de Valençay, restituyendo la Corona a Fernando VII.

Contando con el respaldo del ejército capitaneado por el general Elío, el monarca promulgó el Decreto de Valencia (4 de mayo de 1814), declarando nula la Constitución de 1812 y todos los decretos de las Cortes «como si no hubiesen pasado jamás».

Esta etapa se caracterizó por la persecución sistemática de los liberales (que debieron exiliarse o actuar clandestinamente en sociedades secretas y logias masónicas), la restitución de los privilegios estamentales, la Inquisición, el régimen señorial y los gremios. Ante la severa crisis de la Hacienda, el ministro liberal Martín de Garay propuso en 1817 una contribución general proporcional a los ingresos, pero fue destituido por la oposición de las clases privilegiadas. Los sectores liberales del ejército respondieron mediante pronunciamientos militares, la mayoría frustrados (Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815, Lacy y Miláns del Bosch en 1817).

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael de Riego se sublevó en Cabezas de San Juan (Sevilla) con las tropas destinadas a sofocar los movimientos independentistas en América. La formación de juntas liberales en diversas ciudades forzó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812 («Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional»).

Durante el Trienio, la corriente liberal se dividió en dos facciones:

• Moderados o Doceañistas: Encabezados por Martínez de la Rosa, partidarios de reformas moderadas, de integrar a los estamentos tradicionales y de introducir el sufragio censitario y un parlamento bicameral.

• Exaltados o Veinteañistas: Defensores de la aplicación radical de la Constitución de 1812, la reducción del poder real y la profundización de las reformas anticlericales.

Se promulgaron medidas clave como el primer Código Penal (1822), el Reglamento General de Instrucción Pública (1821), la ley de desamortización de bienes monacales, la supresión definitiva de la Inquisición y los mayorazgos, y una nueva división provincial en 49 provincias (1822). La oposición realista se organizó militarmente en partidas y constituyó la Regencia de Urgel (1822). Finalmente, las potencias absolutistas de la Santa Alianza acordaron en el Congreso de Verona (1822) la intervención militar francesa. En abril de 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis, bajo el mando del duque de Angulema, invadieron España y restablecieron el absolutismo.

Fernando VII desató una feroz represión contra los liberales, ejecutando a figuras emblemáticas como el propio Rafael de Riego, Juan Martín «El Empecinado», Mariana Pineda (1831) y el general José María Torrijos (1831). Se disolvió la Milicia Nacional y se crearon la Superintendencia General de Vigilancia Pública (1824, antecedente de la Policía Nacional) y el cuerpo de Carabineros (1829).

Para hacer frente a la ruina económica, el ministro López Ballesteros introdujo reformas administrativas modernas: creación del Consejo de ministros (1823), elaboración de los primeros Presupuestos Generales del Estado (1828), promulgación del Código de Comercio (1829), fundación del Banco de San Fernando (1829) y creación de la Bolsa de Madrid (1831).

El régimen enfrentó una doble oposición: los perseguidos liberales, por un lado, y los ultra-absolutistas o «apostólicos» por otro. Estos últimos consideraban al rey demasiado blando por no restablecer la Inquisición e instigaron la Guerra de los Agraviados o Malcontents en Cataluña (1827).

El final del reinado estuvo dominado por el problema sucesorio. Ante el embarazo de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, Fernando VII publicó en 1830 la Pragmática Sanción (aprobada por las Cortes de 1789), derogando la Ley Sálica e introduciendo el derecho de sucesión de las mujeres. La naciente infanta Isabel fue proclamada heredera, desplazando al hermano del rey, el infante Don Carlos María Isidro, líder de los sectores absolutistas. En septiembre de 1832 ocurrieron los Sucesos de La Granja, en los que los absolutistas lograron que el rey enfermo firmara la derogación de la Pragmática, aunque al recuperarse la reconfirmó. A la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833, su esposa María Cristina asumió la regencia en nombre de Isabel II, desencadenándose la Primera Guerra Carlista contra los partidarios de Don Carlos.