Isabel tenía sólo 3 años cuando su padre fallece. Así, hasta que se declare su mayoría de edad (a los 13) la Corona es asumida por dos regentes: su madre, primero; y el mítico general Espartero, después.
Su reinado fue el de la consolidación del sistema político liberal, en el que la alternancia política en sus gobiernos entre progresistas y conservadores respondía a las vicisitudes del momento. Los militares de uno y otro color político no dudaron en utilizar los pronunciamientos como forma de manifestación política.
Estos cambios se vieron reflejados en las sucesivas cartas magnas que se promulgaron en este período y que, progresivamente, ayudaron a consolidar los principios liberales en España.
Finalmente, la complicada situación económica, la corrupción de su madre y su profusa vida íntima fueron el caldo de cultivo perfecto para que las fuerzas opositoras, que reclamaban un verdadero sistema democrático, aunasen fuerzas para derrocarla.
La causa inmediata de la Primera Guerra Carlista fue un problema sucesorio generado a la muerte de Fernando VII en 1833. La vigente Ley Sálica (establecida por Felipe V en 1713) impedía el acceso de las mujeres al trono si existían varones en la línea principal o lateral. En 1830, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción (redactada por Carlos IV en 1789 pero no publicada) para derogar la Ley Sálica y garantizar la sucesión de su hija Isabel. Al morir el monarca, su viuda María Cristina de Borbón (con 27 años) asumió la regencia debido a la minoría de edad de Isabel.
Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y heredero legítimo según la Ley Sálica, se autoproclamó rey en el Decreto de Santarem (octubre de 1833) con el respaldo de los absolutistas, dando inicio a la guerra. Ante este levantamiento, la regente María Cristina se vio obligada a buscar el apoyo decisivo de los liberales para sostener el trono de su hija.
Partidarios de Isabel II y la Regente María Cristina. Contaron con el respaldo de la burguesía, la población urbana, la alta nobleza, la mayor parte del ejército y las potencias liberales europeas (Francia, Reino Unido y Portugal en la Cuádruple Alianza).
Partidarios de Carlos María Isidro ("Carlos V"). Apoyados por el campesinado (perjudicado por las desamortizaciones), el bajo clero, parte de la pequeña nobleza rural y los absolutistas intransigentes. Tuvo su principal arraigo territorial en las zonas rurales del País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo (Castellón/Teruel). A nivel internacional contaron con la simpatía de las potencias absolutistas (Rusia, Austria y Prusia).
La ideología carlista se fundamentó en el tradicionalismo, sintetizado en el lema "Dios, patria, fueros y rey":
• Dios: Defensa radical de la confesionalidad católica exclusiva (integrismo religioso), oposición a la libertad de culto y mantenimiento del poder terrenal e influencia social de la Iglesia.
• Patria: Concepción de la patria como la "tierra de los padres" ligada a la tradición y al orden social estamental querido por la providencia divina, rechazando la noción liberal de "nación política" basada en la igualdad de derechos.
• Rey: Defensa del absolutismo monárquico y de las instituciones del Antiguo Régimen, rechazando el parlamentarismo liberal.
• Fueros: Defensa de los privilegios regionales, autogobierno tradicional, exención de impuestos centralizados y exención de quintas obligatorias en las provincias vascongadas y Navarra, con aspiraciones de recuperarlos en Aragón, Valencia y Cataluña.
Bajo la dirección del coronel Tomás de Zumalacárregui, los carlistas aplicaron tácticas de guerrilla y tomaron el control de las zonas rurales del norte peninsular y el Maestrazgo. Esta fase de iniciativa carlista concluyó tras la muerte de Zumalacárregui en el sitio de Bilbao (1835).
Los carlistas organizaron expediciones militares por la Península (como la Expedición Gómez o la Expedición Real conducida por el propio Carlos María Isidro, que llegó a las puertas de Madrid en 1837) para buscar apoyos, pero fracasaron al no lograr conquistar grandes ciudades.
Contraofensiva isabelina dirigida por el general Baldomero Espartero. Ante el desgaste bélico y la división interna carlista entre transigentes y apostólicos, el general carlista Rafael Maroto firmó con Espartero el Convenio de Vergara (1839). En él se acordó la rendición carlista a cambio del reconocimiento de sus grados militares en el ejército isabelino y la promesa de recomendar a las Cortes el mantenimiento de los fueros vasco-navarros. El general Ramón Cabrera resistió un año más en el Maestrazgo hasta su derrota definitiva en 1840.
El conflicto provocó entre 100.000 y 300.000 muertos y el exilio de unos 30.000 absolutistas. Políticamente, selló la alianza irreversible entre la Corona y los liberales, acelerando la liquidación del Antiguo Régimen y la consolidación de los militares ("espadones") como árbitros de la política nacional. Para sufragar los elevados gastos bélicos, el gobierno liberal recurrió a la desamortización eclesiástica de Mendizábal.
María Cristina inició su regencia manteniendo a Francisco Cea Bermúdez, representante del despotismo ilustrado. Durante este periodo inicial se abolió definitivamente la Inquisición, se restauró el Tribunal Supremo y se aprobó una reforma administrativa trascendental.
En noviembre de 1833, el secretario de Estado Javier de Burgos diseñó la división de la Península en 47 provincias (más 2 insulares), tomando como base las propuestas de las Cortes de Cádiz de 1812. Al frente de cada provincia se situó a un subdelegado de fomento (denominado Gobernador Civil a partir de 1847). Esta división unificó el territorio, eliminó enclaves y sirvió de base para las circunscripciones electorales y las Diputaciones Provinciales.
Ante la necesidad de apoyos liberales para la guerra, la regente nombró a Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real de 1834. Se trataba de una Carta Otorgada (cesión de la Corona sin soberanía nacional) que establecía Cortes bicamerales con un Estamento de Próceres (designación real) y un Estamento de Procuradores (elegido por sufragio censitario muy restringido, solo el 0,15% de la población). Las Cortes tenían mero carácter consultivo y el rey conservaba todo el poder ejecutivo y legislativo.
El rechazo popular al apoyo del clero al carlismo derivó en violencia anticlerical (quema de conventos y asesinato de frailes en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Málaga entre 1834 y 1835). Paralelamente, la conflictividad obrera se manifestó en Barcelona con la quema de la fábrica textil "El Vapor" de los hermanos Bonaplata (1835), primer episodio de ludismo en España.
En 1835, la presión popular y las juntas revolucionarias obligaron a la regente a nombrar presidente al progresista Juan Álvarez Mendizábal. Tras ser destituido por la oposición moderada, estalló la Revolución liberal de 1836, cuyo detonante fue el Motín de los Sargentos de La Granja (agosto de 1836). La regente se vio forzada a restablecer la Constitución de 1812 y nombrar un gobierno progresista dirigido por José María Calatrava, con Mendizábal en Hacienda.
Fue el proceso de expropiación y subasta pública de las tierras amortizadas de las órdenes religiosas extinguidas. Perseguía los siguientes objetivos: obtener ingresos para financiar la guerra carlista, amortizar la elevada deuda pública, consolidar el apoyo de los nuevos propietarios burgueses y castigar al clero por su apoyo al carlismo. Como resultado, la alta nobleza y burguesía ampliaron sus propiedades terratenientes, mientras que los pequeños campesinos quedaron perjudicados al perder los arrendamientos. La Santa Sede rompió relaciones diplomáticas con España.
Se aprobó la abolición definitiva del régimen señorial (los señores perdieron derechos jurisdiccionales, pero convirtieron sus señoríos en propiedad privada), la desvinculación de mayorazgos y la supresión de la Mesta, los gremios, el diezmo y la esclavitud en la Península.
Texto transaccional entre moderados y progresistas. Mantenía la soberanía nacional, pero reconocía la co-legislación de la Corona con las Cortes. Establecía un Parlamento bicameral (Congreso de Diputados y Senado por designación real a partir de listas electorales), monarquía constitucional con veto absoluto real, servicio militar obligatorio mediante quintas y restauración de la Milicia Nacional. La posterior ley electoral fijó un sufragio censitario del 4%.
A partir de la Revolución de 1836 se consolidaron dos corrientes políticas principales dentro del liberalismo:
Representaban a terratenientes, alta burguesía y altos mandos militares. Defendían la soberanía compartida (Rey y Cortes), sufragio muy restringido, confesionalidad del Estado, designación centralizada de alcaldes desde el gobierno, suspensión de desamortizaciones y proteccionismo económico. Sus líderes eran Narváez, Martínez de la Rosa y Cea Bermúdez.
Representaban a la pequeña burguesía, profesionales liberales y clases medias urbanas. Defendían la soberanía nacional, sufragio censitario más amplio, aconfesionalidad del Estado, impulso desamortizador, elección popular de alcaldes, libertad de prensa, Milicia Nacional y librecambismo económico. Sus líderes eran Espartero, Mendizábal, Calatrava y Olózaga.
En 1840, la victoria electoral moderada dio lugar a una Ley de Ayuntamientos que recortaba la autonomía municipal nombrando a los alcaldes desde el gobierno central. La oposición progresista y las juntas urbanas llevaron al general Baldomero Espartero a asumir la Regencia tras forzar la renuncia de María Cristina.
Espartero gobernó de forma personalista respaldado por sus jefes militares afines ("los ayacuchos"). Legalizó la primera asociación obrera (la Asociación Mutua de Tejedores de Barcelona en 1840), pero su proyecto de tratado de libre comercio con Gran Bretaña provocó la protesta de la industria textil catalana. En 1842, Espartero reprimió brutalmente la insurrección de Barcelona mediante el bombardeo militar de la ciudad desde el castillo de Montjuïc.
Esta actuación autoritaria le alienó el apoyo de los progresistas. En 1843, un pronunciamiento conjunto de moderados y progresistas liderado por Narváez y O'Donnell derrocó a Espartero, quien marchó al exilio en Inglaterra. Para evitar una nueva regencia, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años.
En 1843 las Cortes otorgaron la mayoría de edad a Isabel, convirtiéndose así en reina per se. Su reinado fue largo, en el que los cambios políticos trataron de dar respuesta a la cambiante situación social y económica del país. Isabel trató de ser hábil y servirse del liberalismo para mantenerse en el poder y para obtener una enorme riqueza personal.
Durante esta etapa el Partido Moderado gobernó de forma casi ininterrumpida bajo la dirección del general Ramón María Narváez. Se configuró un sistema político oligárquico de carácter fuertemente centralista y autoritario, caracterizado por las injerencias de la reina en favor de los moderados, la influencia de la camarilla de palacio ("Corte de los milagros") y el protagonismo de los mandos militares ("espadones").
Las principales reformas institucionales de la Década Moderada fueron:
Sustituyó al texto de 1837 para imponer la ideología moderada. Estableció la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, otorgó amplios poderes al ejecutivo monárquico (veto absoluto, potestad para disolver Cortes), configuró un Senado de designación real vitalicia e ilimitada y redujo el cuerpo electoral al 1% mediante un sufragio extremadamente restringido. Prohibió otras religiones y garantizó el sostenimiento de la Iglesia.
Cuerpo armado con disciplina militar encargado de garantizar el orden público y la propiedad privada en el medio rural, combatir el bandolerismo y reprimir las protestas campesinas.
Diseñada por Alejandro Mon y Ramón Santillán, unificó la hacienda pública suprimiendo los impuestos del Antiguo Régimen y las aduanas interiores. Estableció cuatro impuestos directos e indirectos (territorial, industrial, inmuebles y el impopular impuesto de consumos sobre artículos de primera necesidad).
Sometió el nombramiento de alcaldes de grandes ciudades a la designación directa del gobierno o de los Gobernadores Civiles.
Tratado firmado bajo el gobierno de Bravo Murillo por el que el Estado español reconoció la oficialidad exclusiva de la religión católica, se comprometió a financiar el culto y el clero y otorgó a la Iglesia el control de la educación y la censura, a cambio de la aceptación vaticana de las desamortizaciones ya ejecutadas.
Durante esta etapa tuvo lugar la Segunda Guerra Carlista o "Guerra dels Matiners" (1846-1849) en Cataluña. Asimismo, en 1849 se produjo la escisión del Partido Demócrata respecto al Partido Progresista, reclamando el sufragio universal masculino, la aconfesionalidad estatal y los derechos de las clases trabajadoras.
El descontento ante la corrupción del gobierno del conde de San Luis (Sartorius) y la crisis de subsistencia provocaron la Revolución de 1854. Se inició con el pronunciamiento militar de La Vicalvarada, liderado por el general Leopoldo O'Donnell. Para sumar el apoyo popular, Cánovas del Castillo redactó el Manifiesto de Manzanares, prometiendo reformas constitucionales, rebaja de impuestos, restablecimiento de la Milicia Nacional y elección popular de alcaldes. La formación de juntas revolucionarias forzó a Isabel II a llamar de nuevo al general Espartero.
Durante el Bienio Progresista se adoptaron trascendentales medidas económicas y legislativas:
Las Cortes redactaron la Constitución de 1856, de carácter progresista (Senado electo, libertad religiosa y sufragio más amplio), pero no llegó a ser promulgada a causa del fin del periodo (Constitución "non nata"). El periodo estuvo marcado por una elevada conflictividad social, destacando la Huelga General de 1855 en Cataluña. La dura represión del movimiento obrero por parte de O'Donnell provocó la dimisión de Espartero y el fin del Bienio.
Expropiación y venta en subasta pública de las tierras comunales y de propios de los ayuntamientos, así como los bienes restantes del clero. Tuvo un gran afán recaudatorio para pagar la deuda y financiar obras públicas, pero privó a las haciendas municipales y a los campesinos pobres de sus recursos comunales tradicionales.
Planificó una red ferroviaria radial centrada en Madrid con ancho de vía superior al europeo. Ofreció importantes franquicias arancelarias y subvenciones públicas para atraer capitales e ingeniería extranjera (principalmente francesa), impulsando la construcción acelerada de más de 6.000 km de vías.
Reguló las sociedades de crédito y la creación de bancos privados. La Ley de Emisión rebautizó el Banco de San Fernando como Banco de España y permitió la emisión descentralizada de billetes.
Tras la caída del Bienio, la última etapa del reinado estuvo dominada por la alternancia entre la Unión Liberal (partido centrista fundado por O'Donnell en 1858 que agrupaba a moderados "puritanos" y progresistas de derecha) y los liberales moderados de Narváez.
• Ley Moyano de Instrucción Pública (1857): Primera ley general de educación en España (impulsada por Claudio Moyano). Reguló la enseñanza en tres niveles (primaria obligatoria de 6 a 9 años, secundaria en capitales de provincia y universidad) y trató de combatir el elevado analfabetismo (superior al 80%), aunque dejó la financiación primaria en manos de ayuntamientos con escasos recursos.
A partir de 1865 se aceleró la descomposición del régimen isabelino debido al autoritarismo de los gobiernos moderados. En 1865, la represión violenta de una manifestación estudiantil en apoyo al catedrático Emilio Castelar derivó en los trágicos sucesos de la Noche de San Daniel.
Entre 1865 y 1868 coincidió una severa triple crisis económica: financiera (hundimiento de la bolsa por la escasa rentabilidad del ferrocarril), industrial (parón del textil catalán por la falta de algodón derivada de la Guerra de Secesión estadounidense) y de subsistencia (malas cosechas de trigo y encarecimiento del pan). En 1866, Progresistas, Demócratas y posteriormente Unionistas firmaron el Pacto de Ostende con el objetivo inequívoco de destronar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes mediante sufragio universal.